Comunicado:
El pasado
Sábado 11 de Agosto El Mercurio (nota: más abajo adjuntamos el articulo) acusó
a los okupas de un montaje para enviar a Jalandro Peña y su equipo a Dicom,
acción que sería en venganza por el montaje del caso bombas. La prueba clave es
el rastreo de una dirección IP a un computador de una casa okupa.
Al respecto
nos sentimos obligados a señalar la falsedad absoluta de la información
publicada por el mencionado pasquín.
La idea de
inscribir a Jalandro y sus secuaces en el portal www.previred.com como
empleadores evasores, nace de una reunión de amigos que buscaba solidarizar con
nuestros compañeros imputados por el caso bombas. Sin embargo la venganza nunca
estuvo en nuestra mente, pues si hubiera sido así, habríamos optado por el
camino fácil de volar a alguno de los pelafustanes en plena noche en su casa y
junto a su familia.
Pero nuestra
opción fue realizar una crítica política a los tribunales y como sus
resoluciones son un simple buzón en la burocracia del poder judicial.
En efecto,
Peña, Hinzpeter y su séquito sostienen que no hubo montaje pues sus acciones
han sido respaldadas por las decisiones de los juzgados de garantía (once y
octavo) y por las Cortes de Apelaciones (San Miguel y Santiago) que vieron las
etapas iniciales de la causa. Normalmente en estas etapas la fiscalía y el
Ministerio del Interior, como querellante, tocan el organillo y los jueces
simplemente bailan al son de la música, cual monitos amaestrados, sin dedicar
mayor tiempo a analizar las pruebas y argumentos presentados. Luego Peña pasa
el sombrero y recibe del Ministerio del Interior el nada de despreciable sueldo
de seis millones de pesos mensuales.
Nosotros
quisimos hacernos eco del mismo raciocinio y sostener que nuestra acción ha
sido respaldada por los jueces del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de
Santiago, que en sendas resoluciones ha ordenado el embargo de bienes a Peña y
compañía, llegando en varios casos a retener dinero de la devolución de
impuestos de estos patrones evasores. Con las cosas así Jalandro no tiene nada
que reprocharnos y no debiéramos temer nada de los tribunales. Pero como
sabemos que en esta historia nos pusieron del lado de los malos, preferimos
mantener el anonimato.
Lo que si nos
frustra es que no logramos, con la información generada, que el tribunal
dictara alguna orden de arresto.
Las causas
pueden ser consultadas en el portal www.poderjudicial.com. Algunos de los rol son P-9257-2012,
P-14714-2012, P-17957-2012, P-17898-2012, P-14689-2012, P-9247-2012,
P-17538-2012, P-15111-2012, P-9185-2012.
Claro que hay
varias otras causas abiertas y seguramente otras que vendrán, pero su detección
se las dejamos a los sabuesos de la Dipolcar y la Bipe.
Respecto a la
detección de la IP, nos queda claro que no corresponde a ninguna okupa, pues la
creación de las cuentas en Previred y las actualizaciones mensuales de las
declaraciones y no pagos de cotizaciones previsionales, se realizaron desde
computadores de universidades y en redes de uso público.
En lo que
guarda relación al rol de los fiscales en este caso, llaman poderosamente la
atención las palabras del presidente de los fiscales Pedro Orthusteguy que
critica ácidamente a Jalandro, pero cuando le preguntaron por los otros cuatro
fiscales que firmaron la acusación, los defiende con el argumento de que su
actuación la realizaron por instrucciones de su superior. Este razonamiento no
puede ser más barato y chabacano. La verdad es que Orthusteguy está molesto con
su ex jefe Peña porque lo hacía trabajar y no le aguantaba que cuando estuviera
con flojera archivara las causas sin investigar. Es conocido que la
credibilidad de Orthusteguy es nula después de que fuera sancionado con una
“amonestación privada” por dejar las investigaciones botadas para dedicarse a
vender corbatas de seda y ser corredor de propiedades. A cualquier persona
normal lo echan de su trabajo. Habría que preguntarle a Pedrito que tuvo que
dar a cambio de conservar la pega, a pesar de que su actuación está
expresamente prohibida por la ley.
¿Qué curioso?
Otro fiscal que viola ley y sale libre de polvo y paja.
La
comprensión que reciben los fiscales que fueron “obligados” a perseguir a los
okupas, tienen una explicación en lo que Hannah Arendt llamó “la banalidad del
mal”, para referirse a aquellos burócratas que participan de actos terribles
escudándose en la obediencia para justificar su actuación, dentro de
instituciones que practican la violencia sistemática (como el Estado y sus
agentes donde están jueces, fiscales y policías). Estas personas con la excusa
de solo cumplir órdenes y obligaciones pretenden librarse del eventual castigo.
Este concepto de “banalidad del mal”, nace del estudio del juicio al nazi
Adolph Eichmann que utilizó el singular razonamiento de “sólo cumplí con mis
órdenes y mis deberes”, para deslindar responsabilidades en los miles de asesinatos
en que participó. Sobra decir que sus argumentos no le sirvieron para evitar
terminar retorciéndose colgado del pescuezo.
La obsesión
con los okupas y ex lautaristas requiere un análisis en particular. No podemos
dejar de mencionar lo sesgada que ha sido la investigación por el caso bombas.
Cuandohommodolars
publicó el análisis de Erik Marín, nos llamó la atención de que ninguno de
nosotros estuviera mencionado en el listado de investigados. Luego cuando
tuvimos acceso a las carpetas de la investigación comprobamos nuestras
sospechas de que el objetivo era conseguir resultados rápidos y de carácter
comunicacional, pues un amplio sector de la opinión pública saldrá a linchar, antorcha
en mano cual película de Frankestein o Jorobado de Notre Damme, a los jóvenes
de pelos de colores y peinados estrafalarios que abandonan el hogar materno
para vivir en una casa tomada, da lo mismo si son culpabloes o no, si hay o no
hay pruebas, lo importante es que son realmente raros y demuestran un absoluto
desprecio por el orden social de los Mall, del auto nuevo en sesenta cuotas y
de los mejores tiempos pasados en que “mi general” gobernaba.
Como casi
todos nosotros somos mujeres y hombres dentro de lo que se llamaría
convencionalmente “personas de bien”, con trabajo estable (en la medida de lo
posible), familia y corte de pelo adecuado a un trabajo de oficina, simplemente
se olvidaron de que somos anarquistas y no nos consideraron como sospechosos. O
tal vez pensaron que mostrarnos desfilando de terno y corbata con fotos de
nuestros hijos con sus pistolas de agua en la mano no serviría para demostrar
lo malos que podemos llegar a ser.
Por último,
debemos recordar que en la historia de Chile han existido dos fiscales
nombrados ad-hoc por el gobierno de turno: Fernando Torres Silva y Alejandro
Peña Ceballos. Cualquier similitud entre los dos personajes señor lector, tenga
seguro que no es casualidad.
A cada
montaje del poder mil respuestas solidarias.
Libertad a
todos los presos sociales y políticos del mundo.
Por la
revolución social aquí y ahora.
Solidarios con los imputados e
investigados del caso bombas.
El articulo
de El Mercurio:
Sábado 11 de
Agosto de 2012
Ministerio
Público y Carabineros realizan indagatoria.
Insólita
venganza de presuntos okupas: mandaron a Dicom a investigadores del caso Bombas
Les generaron
deudas previsionales tras inscribirlos con sus datos como supuestos empleadores
en una firma que opera por internet para cautelar que se efectúen esos pagos.
Pedro Lezaeta Aprovechando lo que se perfila como una posible vulnerabilidad
del sistema, un presunto grupo de okupas materializó una insólita “venganza”
contra investigadores del caso Bombas a quienes les generaron, vía maniobras
ilícitas por Internet, antecedentes comerciales negativos por lo que fueron
pasados a Dicom.
Los afectados
son el ex fiscal regional sur de Santiago Alejandro Peña, los persecutores
Víctor Núñez, Francisco Rojas y Marcelo Apablaza; el ex director de
Inteligencia de Carabineros, general Bruno Villalobos; el prefecto inspector de
la PDI y jefe de Inteligencia, Mario Loyola, y el subprefecto Pedro Silva,
también de la PDI. A ellos se suman, además, dos ex carabineros que no tendrían
relación directa con la indagatoria de los atentados explosivos.
¿Cómo
llegaron a Dicom?
Hasta donde
ha establecido la Fiscalía Centro Norte y Carabineros, que iniciaron una
investigación esta semana, individuos usaron datos personales de los afectados
-nombres completos y rut, básicamente- para inscribirlos como empleadores en la
página de internet de una empresa que funciona como intermediaria de las
declaraciones y pagos previsionales. De hecho, mediante este ardid, las
víctimas aparecían como contratantes de personas que ofrecen servicios
domésticos.
Sin embargo,
nunca hubo movimientos de pagos de cotizaciones de parte de los “empleadores”
por lo que la firma intermediaria, explica una fuente cercana a la
investigación penal por suplantación de identidad, pasó los antecedentes de los
supuestos deudores a Dicom.
Pero el tema
no llega hasta aquí. Los policías han podido establecer que la inscripción por
internet de los datos de los afectados se materializó en un computador que
estuvo instalado en una casa okupa de calle Echaurren, sector centro poniente
de la capital.
Precisamente
los grupos okupas fueron un eje fundamental de la investigación por los
bombazos, dado que la fiscalía indicó que los espacios en que se reunían eran
los “centros de poder” donde se planeaban los atentados.
Conforme con
los datos recopilados por los investigadores del caso, la acciones de
suplantación se materializaron en octubre, previo al inicio del juicio oral por
el caso Bombas, pero también durante la realización de las audiencias.
¿Sistema
débil?
Uno de los
puntos que ha encendido las alertas en quienes indagan el hecho, según se dijo
a este diario, es la facilidad con que se pudo generar la situación contra los
afectados. Ellos, de acuerdo a las diligencias policiales efectuadas hasta
ahora, en ningún momento recibieron alguna notificación o fueron sometidos a un
proceso de verificación para establecer si estaba en regla la inscripción que
los convirtió en empleadores para el sistema de cotizaciones provisionales.
$135 milen
promedio era el monto de deuda supuesta por el que los afectados pasaron a
Dicom. Presuntamente eran empleadores de nanas, choferes y jardineros.
Unode los
afectados se dio cuenta de que estaba en Dicom al realizar un trámite personal.
Informó a Carabineros y se abrió la investigación esta semana.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario