lunes, marzo 17, 2014

Gobierno nombra a nuevo director de inteligencia nacional

El abogado Gustavo Villalobos, quien ya estuvo a cargo de la ANI en 2004, fue designado por la milica Michelle Bachelet para asumirla.

Desde la prensa

por Sebastián Labrín

La renuncia de Gonzalo Yuseff como director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) se materializó pocos días antes del término del mandato de Sebastián Piñera. Desde su dimisión, La Moneda manejó el tema con estricta reserva, al igual que los nombres de quienes aspiraban a dirigir la repartición que asesora a la Presidenta en materia de terrorismo, conflictos sociales y focos de violencia en zonas como La Araucanía.
Ayer, sin embargo, el gobierno finalmente reveló la identidad del nuevo jefe de la inteligencia chilena: el abogado socialista Gustavo Villalobos. Para el profesional, el cargo no es desconocido.
Luego de desempeñarse como jefe jurídico de la Vicaría de la Solidaridad, en marzo de 2000 fue nombrado director de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones (Dispi) hasta el año 2004. Posteriormente, el Presidente Ricardo Lagos lo nombró como director de la ANI.
El organismo, ubicado en calle Tenderini, a cuadras de La Moneda, es un ente público de carácter técnico creado en octubre de 2004. La misión de los casi 140 funcionarios que allí laboran es recolectar y procesar información nacional e internacional, para asesorar al Presidente de la República en potenciales conflictos y situaciones de crisis. Además, tiene la potestad de requerir información de inteligencia a las Fuerzas Armadas, policías y Gendarmería.
Una de las tareas que deberá asumir Villalobos será mejorar el rol de la ANI en casos de relevancia, como ataques explosivos a manos de grupos anarquistas o la situación de violencia que se vive en la llamada “zona roja” del conflicto mapuche.
Este último tema fue criticado con fuerza durante la gestión de su antecesor, Gonzalo Yuseff. Los cuestionamientos de la entonces oposición apuntaban al escaso poder de anticipación a los hechos de violencia que ocurrían en La Araucanía.
Por este episodio, y pocos días después del atentado en que murió el matrimonio Luchsinger Mackay (4 de enero de 2013), fue interpelado en el Congreso. “Tengo la imposibilidad de contestar a esas críticas de manera pública”, dijo aquella vez, en la que sería una de sus últimas apariciones públicas.

El llamado caso bombas fue otro de los puntos de conflicto que afrontó la agencia, debido a las críticas respecto de que no preveía los atentados explosivos ni, según algunos parlamentarios, identificaba responsables.


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