El abogado
Gustavo Villalobos, quien ya estuvo a cargo de la ANI en 2004, fue designado
por la milica Michelle Bachelet para asumirla.
Desde la
prensa
por Sebastián
Labrín
La renuncia
de Gonzalo Yuseff como director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) se
materializó pocos días antes del término del mandato de Sebastián Piñera. Desde
su dimisión, La Moneda manejó el tema con estricta reserva, al igual que los
nombres de quienes aspiraban a dirigir la repartición que asesora a la
Presidenta en materia de terrorismo, conflictos sociales y focos de violencia
en zonas como La Araucanía.
Ayer, sin
embargo, el gobierno finalmente reveló la identidad del nuevo jefe de la inteligencia
chilena: el abogado socialista Gustavo Villalobos. Para el profesional, el
cargo no es desconocido.
Luego de
desempeñarse como jefe jurídico de la Vicaría de la Solidaridad, en marzo de
2000 fue nombrado director de la Dirección de Seguridad Pública e Informaciones
(Dispi) hasta el año 2004. Posteriormente, el Presidente Ricardo Lagos lo
nombró como director de la ANI.
El organismo,
ubicado en calle Tenderini, a cuadras de La Moneda, es un ente público de
carácter técnico creado en octubre de 2004. La misión de los casi 140
funcionarios que allí laboran es recolectar y procesar información nacional e
internacional, para asesorar al Presidente de la República en potenciales
conflictos y situaciones de crisis. Además, tiene la potestad de requerir información
de inteligencia a las Fuerzas Armadas, policías y Gendarmería.
Una de las
tareas que deberá asumir Villalobos será mejorar el rol de la ANI en casos de
relevancia, como ataques explosivos a manos de grupos anarquistas o la
situación de violencia que se vive en la llamada “zona roja” del conflicto
mapuche.
Este último
tema fue criticado con fuerza durante la gestión de su antecesor, Gonzalo
Yuseff. Los cuestionamientos de la entonces oposición apuntaban al escaso poder
de anticipación a los hechos de violencia que ocurrían en La Araucanía.
Por este
episodio, y pocos días después del atentado en que murió el matrimonio
Luchsinger Mackay (4 de enero de 2013), fue interpelado en el Congreso. “Tengo
la imposibilidad de contestar a esas críticas de manera pública”, dijo aquella
vez, en la que sería una de sus últimas apariciones públicas.
El llamado
caso bombas fue otro de los puntos de conflicto que afrontó la agencia, debido
a las críticas respecto de que no preveía los atentados explosivos ni, según algunos
parlamentarios, identificaba responsables.
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